Cuántos serán y cómo se accederá a los fondos Europeos Digitales


El Senado de España acaba de aprobar definitivamente los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 que les fueron remitos desde el Congreso de los Diputados. El techo de gasto ha crecido de forma notable al incluirse en ellos las inversiones previstas del ya conocido Plan Next Generation EU, y cuyo vehículo de distribución será el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 24.198 millones de euros asegurados para este ejercicio. De la misma forma, y en el penúltimo BOE del año 2020, el Gobierno de España ha publicado el Real Decreto-ley 36/2020 que traza las pautas de reparto de esos fondos, pero ¿Qué cantidad estará destinada estrictamente para digitalización?

Podríamos, sin más análisis, observar qué montante de esos más de 24.000 están asignados al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, entendiendo que ahí es donde residen las dos Secretarías de Estado clave en el ámbito digital. De esta forma, descubriríamos la cantidad que gestionaría el Estado con los objetivos de digitalización del tejido productivo, la extensión de la conectividad digital y la adaptación digital de la Administración Pública. Sin embargo, y como es obvio, ni todo lo propuesto para el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital está destinado exclusivamente al ámbito digital, ni el resto de Ministerios carecen de partidas de digitalización. Tendremos, por tanto, que entretenernos en repasar todas y cada una de las carteras que se sientan en el Consejo de Ministros para descubrir la apuesta real que el Gobierno de España ha hecho en actualización digital en este año 2021 que estrenamos.

Iniciando la suma por los mayores importes, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como es obvio, sería el principal bonificado con partidas, insisto, únicamente digitales:  1.884 millones destinados a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, 857 para la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, 435 en Red.es, 336 en la Secretaría General de Administración Digital, 272 para seguridad en INCIBE y, por último, los 250 que se han destinado al Plan de Conectividad de las Comunidades Autónomas. En esa línea, y recordando que otros departamentos también han apostado por la digitalización, el Ministerio de Educación y Formación Profesional invertirá en los próximos meses más de 1.000 millones de Euros en su ambicioso Plan Digital, el Ministerio de Transportes apuesta por la digitalización de la cadena logística con cerca de 200 millones, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo fija 80 en la Transformación de Industria, 64 en la de los destinos turísticos o 71 millones en Inteligencia Artificial para las PYMES. Del mismo modo, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública destinará 92 millones a la modernización de las Entidades Locales. En definitiva, y hecho el sumatorio, 5.967 millones serán los puramente digitales que están así contemplados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ya aprobados en los PGE 2021, y que suponen cerca del 25% del total incluido por el Plan Next Generation EU. Solo quedaría responder a la pregunta, muy extendida en este final de año, cuestionando la fórmula de reparto y el mecanismo de gasto: ¿Cómo se accederá a los casi 6.000 millones digitales?

Continuando con el análisis de las cifras anteriores, las CCAA gestionarían 1.484 millones de ese total digital, y las Entidades Locales 109. No obstante, sería un error entender con esa simplicidad el reparto. Para observar de forma rigurosa la fórmula debemos acudir al recientemente publicado Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este texto, entre otras muchas medidas, se definen las pautas para ‘conseguir una Administración Pública que cuente con instrumentos del siglo XXI para poder cumplir sus funciones de un modo eficaz, estratégico’, simplificando trámites, definiendo la nueva figura de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) o describiendo los medios para digitalización y el empleo de las nuevas tecnologías de la información como instrumentos de gestión pública. Como base, la idea es, además de dar salida ágil las partidas nominativas propiamente dichas, primar proyectos catalizadores de asentamiento de economía y crecimiento de empleo, cuyas posibilidades de ser aprobados serán directamente proporcionales a los objetivos del Plan de Recuperación a los que responda y a la suma de fuerzas público-privadas, importando, y mucho, el tamaño. La administración central y las autonómicas deberán trabajar, duro y rápido, para facilitar el acceso a los fondos eliminando la vieja y poco evolucionada burocracia que ya denunció Mariano José de Larra, y dada la estructura competencial de España, cada Comunidad Autónoma tendrán que hacer un desarrollo reglamentario propio similar para gestionar los fondos que les correspondan.

En resumen, entidades públicas de toda España tendrán que multiplicar sus esfuerzos para dimensionarse en gestión y control. Además, deberán ir de la mano de la iniciativa privada en las propuestas del Gobierno de España para buscar la aprobación de sus proyectos, grandes proyectos. Igualmente, las diferentes administraciones tendrán que acceder a los fondos que se les asigne directamente y a aquellos montantes que, por su naturaleza y competencia, tendrán que ser invertidos en al ámbito regional. Por lo tanto, lejos de entender que las Comunidades Autónomas de España gestionarán un 25% del total de la inversión digital, el papel autonómico va a ser mucho más amplio, dependiendo, eso sí, de la agilidad de cada una de ellas, especialmente en su gestión y en su capacidad de colaboración con la estructura empresarial de su región o de fuera.

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