PROPOSICIÓN DE LEY FORAL DE VIDA DIGITAL


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Preámbulo

 La normalización y popularización de los soportes digitales en la práctica totalidad de la población requiere la atención y gestión para un correcto uso, en la que se reconozcan los derechos de los usuarios y de cualquiera que se pudiera ver afectado por el contenido en Internet en cualquiera de sus formas.

En una sociedad moderna como la actual, no hay rango de edad que sea ajena a la influencia de lo que pudiera surgir en el uso de estos soportes digitales, ya sea en el ámbito de los derechos como de las obligaciones. De esta manera en esta Ley Foral de Vida de Digital se pretende hacer un recorrido por todas las etapas de la vida de las personas, desde que nace hasta que fallece, e incluso dando un paso más, ya que se contempla las acciones que se deberán realizar sobre el contenido o espacios de Internet una vez que el implicado haya dejado de existir.

No es mucha la legislación vigente en esta materia, sin embargo, algo hay -empezando de la más temprana edad al deceso- como la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Enriquecida con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, o en el ámbito internacional, dentro de las Convenciones de Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990 y sus Protocolos facultativos.

Igualmente, ya en la edad adulta, existe legislación en relación al derecho de acceso a Internet, también tratado en esta Ley Foral de Vida Digital, declarado como un ‘derecho humano’ por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en julio de 2016. Ya en España, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, recoge el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, que dicta que en ese año, el 2020, todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, y que, al menos, un 50 % de los hogares europeos estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps.

Siguiendo con la edad adulta, entendiendo como tal aquella en la que se está incorporado a la vida laboral, hay que establecer el derecho a la desconexión, profundizando en la utilización de los dispositivos móviles de los trabajadores o de otras herramientas digitales que son accesibles desde cualquier punto y a cualquier hora. En este sentido, como en todo el contenido de esta Ley, es poca la legislación disponible, destacando la francesa que entró en vigor el 1 de enero de 2017, que habla de los derechos de los asalariados y obligaciones de las empresas en la regulación del uso de las tecnologías de la comunicación, incluyendo móviles, correos electrónicos y otros sistemas de mensajería, incidiendo en garantizar el respeto del tiempo de descanso y de las vacaciones.

Ya en la tercera edad existe algo de legislación como el Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de las Personas Mayores, cuya función es institucionalizar la colaboración y participación de las personas mayores o el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. En esta Ley se trata de promover la autonomía y la participación plena de las personas mayores en base a los principios del ‘envejecimiento activo’, luchando contra el aislamiento y la soledad, siendo los medios digitales el mejor soporte para esta apertura necesaria.  De la misma forma, en el entorno de la personas con discapacidad, se puede ajustar la legislación anteriormente mencionada, aunque su acceso facilitador ya está bastante normalizado en España. En Navarra existe la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales, que por la fecha de su creación no aparece en ningún caso la adaptación tecnológica.

Por último, y una vez que la persona que anteriormente tuvo también vida digital fallece, se deben establecer sus derechos, que en vida también deben ser reconocidos en forma de ‘derecho al olvido’, y que una vez desaparecido el perfil debe regirse por leyes de derechos de voluntades digitales. En materia de derecho al olvido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo pública el 13 de mayo de 2014 una sentencia que establece que el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea y que las personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre. En el caso de los decesos, existe una normativa puntera en Cataluña, en concreto la Ley 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código Civil de Cataluña.

En lo que a ‘derecho al olvido se refiere’ es bastante la jurisprudencia disponible, y en España es la Agencia Española de Protección de Datos la que realmente regula la cuestión, aunque en Europa de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales es bastante clara.

Por lo tanto, en esta Ley se pretende hacer un recorrido por la vida de los ciudadanos en su ámbito digital, determinando sus deberes y de derechos desde su nacimiento hasta más allá de muerte, velando por la protección infantil y la utilización segura de Internet, la intimidad, el derecho al acceso con independencia de la edad o grado de dependencia, el derecho a la desconexión, derecho al olvido o a las voluntades digitales.

Esta Ley Foral dispone este preámbulo y de cinco títulos. Un primer título con las Disposiciones Generales, un segundo título de los derechos y deberes de la infancia y juventud en Internet, un tercer Título con los derechos y obligaciones en la edad adulta en los soportes digitales, un cuarto título con los derechos y obligaciones en el ámbito digital de las personas mayores y de las personas con discapacidad, y por último un quinto título con el derecho al olvido y a las voluntades digitales.

Las disposiciones adicionales marcan la creación, dentro del Gobierno de Navarra con cargos ya existentes, de un Consejo de Vida Digital, que velará por el desarrollo y cumplimiento de esta Ley, así como de entrada de cuantas inquietudes tengas los ciudadanos, estableciendo una comunicación fluida con los mismos para dar a entender de forma detallada el objeto y principios de esta Ley.

TITULO I

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley

  1. El ámbito de aplicación de esta es la regulación de la vida digital, que comprende todas las fases de la vida de las personas desde que nacen hasta después de fallecidos.
  2. Afecta a los derechos de las personas físicas, lo que no deja excluida de su responsabilidad en lo que aplique a personas jurídicas, empresas, instituciones y administraciones.

Artículo 2. La Vida Digital como derecho universal o de interés general

  1. Todos los residentes en la Comunidad Foral de Navarra tienen derecho al acceso a Internet en términos iguales o superiores a lo que establece la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, ya sea mediante subvenciones o puesta disposición de soportes públicos.
  2. Todas las personas desde su nacimiento hasta pasado su fallecimiento tendrán derecho al acceso a la información sin discriminación por sexo, edad, recursos económicos, nacionalidad, etnia o lugar de residencia.
  3. Todas las personas, desde su nacimiento, tienen derecho a ejercer su vida digital en libertad, así como que su propia vida digital sea marcada por otros dentro los parámetros del respeto, la veracidad, el derecho a la intimidad y la protección de su vida personal.
  4. En el caso de los menores de edad, serán los padres o tutores los que deban velar por el buen uso de los medios digitales, siendo estos últimos responsables de cualquier actuación que los primeros hicieran en los espacios digitales.

Artículo 3. Objetivos y principios de la Ley

Los objetivos y principios de esta Ley son los siguientes:

  1. Desarrollar con garantías la vida digital de las personas, aplicando sus derechos y deberes, garantizando el correcto uso de todos los soportes de internet existentes y de los que vendrán en el futuro.
  2. Defender los intereses de todas las personas en los espacios digitales, tanto si son usuarios como si no lo son, poniendo especial atención en los derechos a la intimidad.
  3. Fomentar el uso del soporte digital con independencia del medio.
  4. Favorecer la conectividad de los jóvenes con ayudas al alto coste de los datos.
  5. Garantizar el las obligaciones de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, en especial las de servicio universal.
  6. Afianzar el correcto uso de los espacios propios y de los ajenos dentro de la globosfera.
  7. Acotar el uso indebido de las redes en todos los rangos de edad.
  8. Proteger a los menores de los posibles abusos que se pudieran dar en su vida digital.
  9. Asegurar el cumplimiento de las últimas voluntades de los usuarios de Internet en todos sus soportes, así como regular el mantenimiento y/o explotación de espacios promovidos por el fallecido.
  10. Promover el derecho de rectificación y el derecho al olvido en los espacios digitales.
  11. Avalar los derechos de los trabajadores, asegurando su justo descanso y aplicando el derecho a la desconexión digital.
  12. Apoyar la eliminación de la brecha digital, ya sea de procedencia geográfica, social, generacional, de género o económica.

Artículo 4. Definiciones

A efectos de esta Ley Foral, se entenderá por:

  1. Persona: Hombre o mujer que dispone de vida digital o no.
  2. Vida Digital: Conjunto de acciones o actividades que una persona realiza en Internet.
  3. Persona mayor: A efectos de esta Ley, hombre o mujer que tenga o haya superado los 70 años de edad.
  4. Internet: Globosfera Digital con independencia del soporte. Espacio digital que comprende webs, redes, foros, chats, mensajería instantánea o cualquier otra forma de interacción en los medios digitales.
  5. Espacio digital: Cualquier soporte informático que muestre información de Internet.
  6. Redes: Sitios de Internet que permiten el intercambio de información, que pueden ser abiertos (públicos y de consulta universal) o cerrados (grupos, mensajería instantánea o perfiles privados)
  7. Mensajería instantánea: comunicación en tiempo real entre al menos dos personas basadas en el texto a través de dispositivos fijos o móviles, bien sea por Internet de conexión terrestre, aérea o comunicaciones entre dispositivos.
  8. Operador: Operador: persona física o jurídica que explota redes públicas de comunicaciones electrónicas o presta servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y ha notificado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el inicio de su actividad o está inscrita en el Registro de operadores
  9. Voluntades digitales: disposiciones que ha establecido una persona para que tras su fallecimiento se traten sus cuentas digitales como se indique, bien sea borrándolas o actuando sobre ellas.

TITULO II

Derechos y deberes de la infancia y juventud en Internet

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 5. Principios aplicables

  1. Todas las personas desde su nacimiento a su mayoría de edad tendrán derecho a una educación digital y a alcanzar todas las oportunidades que estos dispositivos ponen a su alcance.
  2. Se recoge el derecho a la intimidad de las comunicaciones por medios electrónicos. Derecho a no proporcionar datos personales por Internet, a preservar su identidad y su imagen de posibles usos ilícitos.
  3. Se establecen prioritario la lucha contra el acoso escolar en soportes digitales, también denominado cyberbulling.
  4. Los padres, madres o tutores tendrán el derecho y la responsabilidad de orientar y acordar con sus hijos e hijas un uso responsable.
  5. Los padres, madres o tutores tendrán derecho a recibir información y formación en materia de vida digital para poder tutorizar la labor de sus menores en su vida digital.

CAPÍTULO II

Regulación de la vida digital

Artículo 6. Límites de uso y ejecución de la vida digital de la infancia y la juventud

  1. Se incidirá en la educación y en la promoción para que ninguna persona menor de 14 años podrá ser usuario de redes. Esto implica la prohibición de crear de perfiles propios o falsos, utilización en nombre de terceros.
  2. Quedarían excluidas del punto anterior los sistemas de mensajería instantánea, siempre que sean redes internas y bajo la supervisión de los padres, madres o tutores.
  3. El insulto continuado, envío de imágenes o vídeos dañinos o cualquier otro formato de acoso entre personas en las que ambas pertenezcan a este rango de edad (menores de edad) será considerado cyberbulling, y serán de especial atención y se establecerán espacios de corrección con los padres o tutores de aquellos que hayan entrado en la realización de estas actividades.
  4. La revelación, uso o diseminación de información personal de menores de edad sin autorización está absolutamente prohibida, y así se debe indicar en aquellos espacios en los que pudiera darse esta circunstancia.
  5. La difusión de imágenes de menores en Internet sin el consentimiento de sus padres, madres o tutores está prohibida y así debe hacerse saber a la población, aumentando la gravedad cuando la difusión imágenes de menores es en situación de peligro, riesgo, fumando, bebiendo alcohol o ejerciendo alguna actividad ilícita.
  6. Se establecerá una vigilancia predominante en la difusión de imágenes o vídeos de menores desnudos, con independencia de si estas imágenes son enviadas por mensajería instantánea o redes sociales internas, aunque el emisor sea el mismo protagonista de la imagen o vídeo.
  7. Todos los dispositivos públicos a los que puedan acceder menores de edad deberán estar provistos de un software de detección, filtro y bloqueo de contenidos considerados nocivos para este grupo de edad.
  8. Todas la redes inalámbricas de acceso a Internet (redes wi-fi) a las que pueda acceder un menor de edad, con independencia de si están protegidas o no por contraseña, deberán advertir de la posibilidad de encontrase con contenidos considerados nocivos, así mismo deberán estar provistos de un software de detección, filtro y bloqueo de contenidos.
  9. Será el Consejo de Vida Digital quien monitoree y señale que contenidos deberán ser considerados nocivos para este rango de edad.
  10. Todas las empresas operadoras de servicio de Internet deberán favorecer la implantación de filtros de detección y bloqueo de contenidos considerados nocivos para este grupo de edad.
  11. Serán considerados responsables del uso de la vida de los menores los padres o tutores del menor, siendo estos últimos los que deben marcar los límites dentro y fuera del ámbito privado.
  12. Se establecen ayudas directas anuales de 50 Euros para la conectividad digital a las personas residentes en Comunidad Foral de Navarra que estén en el rango de edad de entre 16 y 22 años, ambos incluidos. Estas ayudas deberán ser solicitadas justificando los gastos por un importe igual o mayor a los 50 Euros, que podrán exclusivamte de gastos de conectividad (factura de datos de móvil o banda ancha).

TITULO III

Derechos y deberes de la persona en la edad adulta en los soportes digitales

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

 Artículo 7. Principios aplicables

  1. Todas las personas tendrán derecho a utilizar los medios digitales en igualdad.
  2. Se reconoce como prioridad de las administraciones la eliminación de la brecha digital, dotando de acceso a Internet a todas las personas de la Comunidad Foral de Navarra, con independencia del lugar en el que se encuentre, su posición social, recursos económicos, edad o conocimientos.
  3. Es responsabilidad de la administración la formación de las personas para que accedan a la red de forma segura y con garantías de buen y eficaz uso.
  4. Se reconoce el derecho a desconectarse fuera del horario de trabajo, garantizando el descanso igualmente en el tiempo de vacaciones.
  5. Todo aquel que tenga empleados a su cargo deberá redactar una ´política de actuación de desconexión digital’ consensuada.

CAPÍTULO II

Regulación de la vida digital

Artículo 8. Obligaciones y límites de la vida digital

  1. Todas las personas tendrán derecho a acceder a Internet en soporte móvil o fijo, con unos parámetros de mínimos de conexión terrestre según marca la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
  2. Igualmente, todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra deberá tener cobertura de conexión aérea (móvil) de calidad, permitiendo al menos conexión 4G.
  3. En caso de las personas que puedan acceder a dispositivos móviles o conectividad terrestre por motivos sociales, económicos o de otra índole de exclusión digital, las administraciones deberán velar para que éstas puedan ejercer su vida digital de forma normal, ya sea mediante subvenciones, ayudas o puesta a disposición de dispositivos.
  4. Las empresas y/o personas que tengan a su cargo empleados, deberán indicar claramente la regulación que tendrán en uso de dispositivos móviles de sus empleados y de otras herramientas de comunicación como el correo electrónico.
  5. Estas empresas y/o personas con empleados a su cargo, deberán redactar una ´política de actuación de desconexión digital’ consensuado por los propios trabajadores, en ella se deberá recoger el derecho a la desconexión, los horarios de acceso a los dispositivos de Internet y los que no se accederá, incluyendo el horario diario de días laborales, los accesos en los días festivos y la regulación de la conexión en vacaciones.
  6. Todas las empresas y/o personas que tengan a su cargo empleados, con independencia de su tamaño, deberán redactar esta ´política de actuación de desconexión digital’ antes de la entrada en vigor de esta Ley, si no se llegara al consenso entre trabajadores y responsables de la empresa, se mediará por los cauces normales establecidos en otros conflictos.

TITULO IV

Derechos y deberes de las personas mayores y de las personas con discapacidad

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 9. Principios aplicables

  1. Todas las personas mayores tendrán derecho a utilizar los medios digitales en igualdad, con independencia de su estatus social, nivel económico o cultural.
  2. Las personas mayores deberán recibir, de forma ágil, formación adecuada para manejar estos dispositivos al menos de forma primaria.
  3. Se promueve la autonomía y la participación plena de las personas mayores en base a los principios del ‘envejecimiento activo’.
  4. La no inmersión en la vida digital de las personas mayores no deberá ser obstáculo para poder ejercer todos sus derechos y deberes como ciudadanos, por lo que siempre deberá existir una vía analógica de acceso a aquellos servicios públicos que se vengan desarrollando en el área digital.
  5. La administración deberá facilitar el uso de las nuevas tecnologías a las personas mayores para que comprueben sus ventajas.
  6. Una discapacidad no deberá ser impedimento para ejercer la vida digital con plenas garantías y en toda su extensión.
  7. Se prestará especialmente atención a las personas discapacitadas que pertenezcan al rango de edad de ‘Infancia y Juventud’ al que se refiere el Título II de esta Ley.

CAPÍTULO II

Regulación de la vida digital

Artículo 10. Obligaciones y límites de la vida digital de las personas mayores y de las personas con discapacidad.

  1. Los organismos públicos que pongan a disposición pública sus servicios a través de Internet, deberán facilitar la realización de trámites digitales de forma analógica a las personas mayores de forma excepcional.
  2. Los espacios públicos o privados que acojan a personas mayores en su ocio o en su vida diaria (centros de día, residencias y otros espacios) deberán contar con dispositivos digitales adaptados a las necesidades de sus usuarios, de tal forma que puedan conectarse a Internet de forma fácil y sencilla.
  3. Se priorizará en la enseñanza a las personas mayores los cursos de inmersión en medios digitales, estableciendo materia específica para este sector de población.
  4. El Gobierno de Navarra promoverá un espacio de Internet orientado exclusivamente a las personas mayores, que podrá ser consultado en cualquier dispositivo y estará plenamente adaptado y accesible. Este espacio de verá contar al menos con:
    1. Programas de ocio y culturales dirigidos a personas mayores.
    2. Trámites y gestiones susceptibles de realizarse a través de la Red.
    3. Cursos disponibles presenciales en la Comunidad Foral de Navarra.
    4. Cursos Online de uso de los medios digitales.
    5. Toda la información que se considere relevante para este grupo de edad y que vaya en línea de la eliminación de las siguientes barreras:
      1. Funcionales o físicas
      2. Sociales
  • Económicas
  1. De entorno
  1. Contará con espacio de intercomunicación para mantener comunicación fluida con las personas mayores, obteniendo el máximo de información de ellos y divulgando entre los recursos disponibles para la máxima autonomía personal.
  1. Los espacios digitales de propiedad pública, o con al menos un 20% de propiedad pública, deberán de ser accesibles a las personas con discapacidad, y cumplirán al menos con los siguientes requisitos:
    1. Todas las imágenes deberán llevar una descripción alternativa que ayude su comprensión a las personas con discapacidad visual.
    2. Se instaurará un contraste adecuado entre la fuente y el fondo en todos los espacios digitales, con independencia del soporte.
    3. Todos los links podrán ser accesibles haciendo uso de cualquier dispositivo como ratón, teclado o de forma táctil.
    4. El contenido audiovisual en formato de vídeo deberá de disponer de subtítulos para personas con discapacidad auditiva y audio con la descripción para personas con discapacidad visual.
    5. Los formularios deben de estar adaptados adecuadamente para que en todo momento las personas sepan qué datos se les está solicitando y cómo han de introducirlos.
    6. El tamaño del texto deberá poder modificable para adaptarlo a las necesidades visuales de usuarios, ya sean personas con discapacidad visual o personas que vayan perdiendo agudeza visual.

 

TITULO V

Derecho al olvido y a las voluntades digitales

CAPÍTULO I

Regulación del derecho al olvido

Artículo 11. Principios aplicables

  1. Todas las personas tendrán derecho al olvido, tanto en vida como tras el fallecimiento.
  2. El derecho al olvido es la limitación en la difusión universal de información sobre personas cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima.
  3. En el caso de que los buscadores y/o espacios de internet no respondamos a la solicitud de cancelación u oposición de un cierto contenido incoado por una persona, será la administración, a través del Consejo de Vida Digital, quien, tras determinar la idoneidad de la petición, cursará una nueva petición a los buscadores y/o espacios de internet. Si no respondieran la misma administración cursaría la misma petición al órgano judicial competente.

 

CAPÍTULO II

Regulación del derecho al olvido

Artículo 12. Obligaciones y límites del derecho al olvido

  1. Todas las personas tendrán derecho al olvido en los espacios digitales, entendiendo como tal el derecho a eliminar información personal hecha pública en buscadores y/o espacios de internet que ya no es relevante, determinando su condición de relevante el Consejo de la Vida Digital.
  2. Se reconoce el “Habeas Data”, entendido como derecho de control del individuo sobre sus datos y sobre su información personal, garantizando la exclusión de toda injerencia en su vida privada.

CAPÍTULO III

Regulación del derecho a las voluntades digitales

Artículo 13. Obligaciones y límites en las voluntades digitales

  1. Aquella persona que quiera escribir sus voluntades digitales tendrá derecho a incluirlo en su testamento, incluyendo de forma obligatoria a la persona que ejercerá de ejecutora una vez producido el deceso.
  2. La persona responsable de la ejecución deberá estar señalada en el testamento y/o en el registro electrónico de voluntades digitales.
  3. Igualmente, en el testamento y/o en el registro electrónico de voluntades digitales deberá aparecer la persona o personas físicas o jurídicas a las quiere que se comunique la existencia de voluntades digitales.
  4. En el testamento de voluntades digitales se deberá incluir las siguientes actuaciones:
    1. Los nombres de los prestadores de servicios digitales en los que se quiere actuar.
    2. Actuación que se quiere realizar con cada uno de los prestadores de servicios (cancelación, paralización, copia de los archivos digitales y/o traspaso de la cuenta a una persona determinada)
  5. Si el titular de los servicios digitales no ha escrito sus voluntades digitales, será el heredero o albacea universal quien podrá ejecutar el apartado 2 de este Artículo 13, excepto la copia de archivos o traspaso de cuenta, y en ningún caso podrá acceder a los contenidos de las cuentas y archivos digitales.
  6. Las voluntades digitales podrán ordenarse, además de por el testamento anteriormente señalado, por un documento que deberá inscribirse en el registro electrónico de voluntades digitales.

Artículo 14. Registro electrónico de voluntades digitales

  1. Se creará el Registro electrónico de voluntades digitales, que dependerá de la Consejería competente en materia de justicia y supervisado por el Consejo de Transparencia.
  2. En el Registro electrónico de voluntades digitales se depositarán las voluntades digitales del interesado, que también podrán estar recogidas en el testamento. En el caso de doble registro y diferente contenido, prevalecerá el que aparece en el testamento.
  3. Al Registro electrónico de voluntades digitales únicamente podrá acceder el titular otorgante. Una vez se produce el fallecimiento de éste podrán acceder las personas que se mencionan expresamente y que así se recogen, en caso de no haber persona específica será el heredero o albacea universal quien podrá acceder.
  4. Una vez fallecido el titular, las personas que se consideren legitimadas podrán solicitar al Consejo de Vida Digital información sobre la existencia o no de un documento de voluntades digitales inscrito en el Registro electrónico de voluntades digitales, incluyendo la identificación de las personas designadas para la ejecución de las voluntades digitales.
  5. Los certificados relativos al contenido de las voluntades digitales inscritas en el Registro electrónico de voluntades digitales, una vez fallecido el titular, sólo podrán ser ejecutadas por personas designadas para la ejecución de las voluntades digitales y únicamente se entregarán a estas personas.
  6. El Registro electrónico de voluntades digitales podrá comunicar de oficio la existencia de voluntades digitales de una persona fallecida a las personas designadas para su ejecución.

Disposición adicional primera. El Consejo de Vida Digital.

El Consejo de Vida Digital será presidido por el máximo responsable de la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones. Además, serán miembros el máximo responsable de las siguientes Direcciones Generales y Organismos:

  • Dirección General de Justicia
  • Dirección General de Interior
  • Consejo de Transparencia
  • Defensor del Pueblo

Las funciones del Consejo serán de estudio, deliberación y propuesta en materias relativas a Vida Digital, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos colegiados. Le corresponderá, igualmente, informar sobre los asuntos que el Gobierno determine o sobre los que, por propia iniciativa, o por la de los ciudadanos, juzgue conveniente.

Disposición adicional segunda. Tratamiento del género en las denominaciones referidas a personas.

En la presente ley se entiende que las denominaciones en género masculino referidas a personas incluyen mujeres y hombres, salvo que del contexto se deduzca lo contrario.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

La presente ley foral entrará en vigor pasado un año del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella previstos.

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