Entrevista en el Diario EL DÍA de Canarias – Lunes 10 de octubre de 2016


GUZMÁN GARMENDIA CONSULTOR DE GOBIERNO ABIERTO Y DIPUTADO NAVARRO

“Las leyes de transparencia deberían modificarse cada año”

Contribuyó a poner en marcha la ambiciosa Ley de Transparencia de Navarra y ha ofrecido su experiencia como consultor tecnológico y de gobierno abierto a diferentes administraciones, entre ellas la canaria. Ahora, este auténtico obseso de la transparencia ocupa un escaño en el Parlamento navarro mientras sigue formando a cargos electos y empleados públicos en la idea de que una sociedad solo puede construirse mediante la “conversación” entre gobernantes y gobernados.

Canarias defiende que su Ley de Transparencia es de las más avanzadas del país. ¿Tiene razón?

La ley canaria fue la más avanzada cuando se publicó. Ahora las más avanzadas van a ser otras que se han publicado posteriormente, sobre todo la madrileña. Esto de las leyes de transparencia siempre va en función de cuándo se han aprobado, porque normalmente van recogiendo lo mejor que funciona en cada una de las que se han aprobado. En España la primera que se aprobó fue la navarra, y ahora es la más obsoleta.

¿Cuáles son las principales carencias de la norma canaria?

Le falta un poco de profundidad en cuanto a la ejecución, por ejemplo en empresas públicas y ayuntamientos. Debería ser más incisiva y dura. Como se hizo hace unos años, también le falta un componente de tecnología, de involucrar las redes sociales más predominantes, los espacios tecnológicos en los que tienen que aparecer los gobiernos para hablar con la ciudadanía.

¿Están condenadas estas leyes a una revisión permanente?

Incluso cada año. La rendición de cuentas va avanzando y cada vez salen casos de corrupción más extraños. Optaría por que las leyes tengan una proposición de modificación de ley cada año o, como máximo, cada dos.

Usted suele decir que la transparencia es una cuestión de voluntad o intención política. ¿La hay?

Honestamente, no. Lo que falta es transmitir alma a la transparencia, que los políticos se lo crean, y no siempre es así. Es verdad que quienes construyeron la ley en Canarias sí se lo creyeron. Hicieron un proceso participativo importantísimo y construyeron una ley en su momento muy potente. El pero que yo pongo es que al final a la mayor parte de los políticos le falta el alma del principio: que la transparencia aparezca en los programas electorales con total profundidad y que no se tome como un hecho administrativo, como se toma ahora. La transparencia es más una actitud que responder a unos criterios administrativos, que es lo que exige Transparencia Internacional.

¿Los gobiernos ponen demasiadas exigencias al ciudadano para preguntar a las administraciones?

La base de la transparencia es el acceso a la información. En el momento en que cortamos ese acceso estamos transmitiendo una imagen negativa a la ciudadanía. Tanto Navarra como Canarias y el Estado tienen que corregir que sea absolutamente necesario disponer de DNI electrónico o certificado digital para hacer una pregunta o pedir una información, porque la gente normal no los tiene. Es imposible que el ciudadano participe si no tiene la misma información que el Gobierno para poder mirarle a los ojos y colaborar.

En Canarias, el comisionado de Transparencia ha reconocido que los usuarios mayoritarios de la ley son profesionales, en concreto los medios de comunicación. ¿Se debe a trabas administrativas o a una falta de cultura de la exigencia en la ciudadanía?

Hay falta de educación, para empezar. A los chavales debería enseñárseles en las escuelas que al Gobierno se le puede preguntar, se le puede exigir y, además, que los gobernantes están al servicio de los ciudadanos y no al revés. Lo que está colgado actualmente en el portal de la Transparencia de Canarias es importante, pero no suficiente. Por eso los ciudadanos tienen que preguntar, y, como hay muchas trabas para hacerlo, pasa como en Navarra, que no se atreven. La gente no ha terminado de captar qué es esto de la transparencia.

¿No sería todavía mejor que toda la información estuviera ya disponible para que el ciudadano solo tenga que acceder a ella?

Absolutamente. Debería estar publicado todo. Nueva York ha sacado una norma de transparencia, en la que tendremos que fijarnos, que exige que se publique todo en datos abiertos, en formato reutilizable y que puedan leer las máquinas. Establece que todo debe publicarse, incluso las notas que el alcalde le da a su secretaria.

¿Puede haber un exceso de transparencia? Se ha hablado de transmitir en streaming las negociaciones políticas.

Tal vez debamos dejar fuera del streaming reuniones como las del Consejo de Gobierno, pero ¿por qué no instalar una cámara en las mesas de los directores generales para ver con quién se reúnen y oír lo que dicen? O la publicación de las agendas de los altos cargos. ¿Por qué impedir que se sepa con qué empresas se ven los consejeros o directores generales? No se está publicado y debería hacerse. ¿Es eso exceso de transparencia? Creo que no. Hay que tenerle menos miedo a la transparencia.

¿Qué papel desempeñan los empleados públicos en la transparencia y el gobierno abierto?

Fundamental, sobre todo de los que están en las ventanillas de registro, porque al final no saben cómo actuar, a qué están obligados y a qué no. Apruebo con sobresaliente al Gobierno canario por la formación que está dando a los empleados públicos.

¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de gobierno abierto?

Es aquel que ofrece toda la información en abierto, que tiene un acceso a la información total y que conversa con la ciudadanía. Estas son las dos claves.