TEXTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DE LAS ISLAS CANARIAS


  ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ConsIgualdad

Preámbulo

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TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley.

La presente ley tiene por objeto la regulación de la transparencia de la actividad pública y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a:

a) La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Los organismos autónomos, entidades empresariales, agencias y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de dicha Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Las fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios que se integran en el sector público de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Hacienda Pública Canaria.

d) Las universidades públicas canarias.

e) Las asociaciones constituidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los demás  organismos y entidades previstos en este apartado.

2. Asimismo, en la actividad sujeta al Derecho Administrativo, será aplicable a:

a) El Parlamento de Canarias.

b) El Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Consejo Consultivo de Canarias.

c) El Consejo Económico y Social.

d) Los demás órganos y organismos previstos en el Estatuto de Autonomía de Canarias, así como a cualquier otro organismo creado por ley que no se integre en la estructura de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

e) Las Corporaciones de Derecho Público.

Artículo 3.- Otros sujetos obligados.

Las disposiciones relativas a la publicidad de la información que se establecen en el Título II, con las adaptaciones que sean precisas, serán aplicables a las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 60.000 euros o cuando al menos el 30 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Artículo 4.- Personas obligadas a suministrar información. 

1. Las personas físicas y jurídicas distintas de las previstas en el artículo anterior que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento y en un plazo de 10 días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellos de las obligaciones establecidas en esta Ley.

2. La obligación prevista en el apartado anterior será exigible a los adjudicatarios de contratos del sector público de la Administración, organismo o entidad de las enumeradas en el artículo 2 en los términos recogidos en el respectivo contrato.

3. En las licitaciones públicas en las que resulte de aplicación la obligación de suministro de la información prevista en los apartados anteriores se hará constar la documentación en la que se establecen las condiciones contractuales. Asimismo, en los pliegos de cláusulas, condiciones o prescripciones técnicas deberán establecerse expresamente la forma en que la información debe ponerse a disposición de la Administración, organismo o entidad adjudicataria.

Artículo 5.- Obligación de transparencia.

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley están sujetas a la obligación de transparencia en su actividad pública.

2. Para el cumplimiento de la obligación de transparencia y en los términos previstos en esta Ley, las entidades mencionadas deben:

a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de sus respectivas sedes electrónicas o páginas web, la información cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

b) Elaborar y difundir un inventario de información pública que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información.

c) Establecer y mantener medios de consulta de la información solicitada.

d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácilmente accesible su localización y divulgación, así como la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada.

e) Publicar la información sujeta a la obligación de transparencia de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados.

f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.

g) Difundir los derechos que reconoce esta Ley a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.

h) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta ley.

3. La obligación de transparencia contenida en esta ley se entiende sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

4. Toda la información prevista en esta ley estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Artículo 6.- Derechos de las personas para garantizar la transparencia.

En el ámbito de lo establecido en esta Ley, las personas tienen los siguientes derechos:

a) A acceder a la información sujeta a la obligación de transparencia de acuerdo con lo establecido en esta ley.

b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o de los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o entidad.

c) A ser asistidas en su búsqueda de información.

d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio del derecho de acceso.

e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta ley.

f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al elegido.

g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su caso, de las tasas que correspondan por la expedición de copias o transposición a formatos diferentes del original.

Artículo 7.- Medios de acceso a la información.

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley vienen obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y proporcionar información, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia del  lugar de residencia, formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social.

2. A estos efectos, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los organismos y entidades públicas y privadas dependientes, ofrecerán acceso a la información pública a través, al menos, de los siguientes medios:

a) Oficinas de información.

b) Puntos de acceso electrónico.

c) Servicios de atención telefónica.

Artículo 8.- Unidades responsables de la información pública.

1. En las Administraciones Públicas y demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley se establecerá por el órgano competente la unidad responsable de la información pública.

2. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, la unidad administrativa responsable de la información dependerá de la Secretaría General Técnica u órgano equivalente de cada departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, o del órgano correspondiente de los organismos o entidades públicas vinculadas o dependientes de aquélla.

3. Las unidades administrativas responsables de la información pública, en coordinación en su caso con la unidad de archivo,  ejercen las funciones siguientes:

a) La coordinación con la consejería competente en materia de información para el  cumplimiento de la obligación de transparencia establecida en esta Ley, recabando la información necesaria de los órganos competentes del departamento, organismo o entidad.

b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan.

c) El asesoramiento a las personas interesadas para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia a aquéllas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas otras unidades administrativas.

d) La inscripción en el Registro de solicitudes de acceso.

e) La elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa y derecho de acceso a la información pública.

f) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de esta Ley.

4.         Las fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios integrados en el sector público de la Comunidad Autónoma deberán establecer el órgano o unidad de las mismas responsable de la información pública, encargada de dar cumplimiento a las obligaciones de información establecidas en esta ley, así como a facilitar la información que le sea requerida por el órgano competente de la Administración o entidad a la que esté adscrita o vinculada para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública.

TÍTULO II

PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 9.- Información sujeta a la obligación de transparencia.

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley están obligadas a facilitar, preferentemente por medios electrónicos, a través de sus respectivas sedes electrónicas y páginas web, la información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

2. Para el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley y en los términos previstos en la misma, elaborarán y mantendrán actualizada la información relativa a la organización, los responsables, las materias y actividades de su competencia, ordenada por tipos o categorías para facilitar su comprensión y accesibilidad, y, en todo caso, harán pública la información que se relaciona en los artículos siguientes de este título, así como aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

3. Sin perjuicio de la información sujeta a la obligación de transparencia a que se refieren los apartados anteriores, las Administraciones, organismos y entidades mencionadas podrán publicar por iniciativa propia toda la información que consideren relevante y de mayor utilidad para las personas, la sociedad y la actividad económica.

Artículo 10.- Límites y protección de datos de carácter personal.

1. A la información sujeta a publicación de acuerdo con lo establecido en el presente Capítulo le serán de aplicación los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en la legislación básica y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal.

2. Cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicación sólo se llevará a efecto previa disociación de los mismos.

Capítulo II

Información de la organización y actividad

de la Comunidad Autónoma de Canarias

Sección 1ª.- Disposiciones generales

Artículo 11.- Órganos competentes y funciones.

1. En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades dependientes o vinculados de la misma relacionadas en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, corresponden al departamento que tenga atribuida las competencias en materia de información pública:

a) La elaboración y aprobación de las normas y directrices técnicas aplicables a la publicación de la información pública, para garantizar su coherencia, uniformidad, accesibilidad, calidad e interoperabilidad.

b) La gestión y mantenimiento del Portal de Transparencia.

c) La elaboración y publicación de los informes del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley.

d) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico.

2. En los departamentos o consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, corresponden a la Secretaría General Técnica u órgano asimilado las siguientes funciones:

a) La coordinación de las actividades de los órganos del departamento para el cumplimiento de lo establecido en esta Ley.

b) La elaboración, puesta a disposición y actualización de la información relativa a su departamento,  así como de las fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios adscritos o vinculados, que debe hacerse pública en el Portal de Transparencia.

c) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico.

3. En los organismos públicos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponden al órgano establecido en sus normas reguladoras o, en su defecto, al que tenga atribuida la gestión ordinaria, las funciones y competencias previstas en el apartado anterior respecto de la información pública del organismo o entidad y de las fundaciones públicas y sociedades mercantiles que tenga adscritas o vinculadas.

4. En el ámbito de las instituciones y órganos estatutarios a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de esta Ley, son órganos competentes en materia de información pública los que se establecen en sus respectivas normas reguladoras.

Artículo 12.- Publicación de la información.

1. La información relativa a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a las entidades y organismos dependientes de aquélla que se específica en este capítulo, se hará pública en el Portal de Transparencia, sea mediante el alojamiento de la información en el mismo o mediante enlaces electrónicos a su ubicación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en las páginas web de las consejerías o departamentos de la Administración autonómica, y en las de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma se facilitará y mantendrá actualizada la información específica de su organización y actividad, así como toda aquella que se considere de mayor utilidad para la sociedad y  la actividad económica.

3. La información relativa a las instituciones estatutarias dependientes del Parlamento de Canarias se hará pública en la página web del Parlamento de Canarias.

Sección 2ª.- Información sujeta a publicación

Artículo 13.- Información institucional.

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias facilitará y mantendrá actualizada información general de la Comunidad Autónoma, en la que se ofrecerá la información institucional, histórica, geográfica, social, económica y cultural más relevante.

2. En la información de carácter institucional, se recogerá de forma que sea accesible a todas las personas:

a) Las líneas básicas del Estatuto de Autonomía de Canarias

b) Las Instituciones de la Comunidad, detallando su composición, sus funciones y competencias, sí como las reglas básicas de funcionamiento.

c) La composición, funciones y funcionamiento básico del Consejo de Gobierno de Canarias.

d)  La composición, funciones y funcionamiento básico de los Cabildos Insulares.

e) El número, composición, funciones y funcionamiento básico de los Ayuntamientos de Canarias.

3. Asimismo, se hará público el extracto de los acuerdos del Consejo de Gobierno cuya divulgación resulte de mayor relevancia pública, así como los acuerdos suscritos con los sindicatos y organizaciones empresariales.

Artículo 14.- Información en materia organizativa.

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia organizativa, facilitará información sobre los siguientes extremos:

a) Los departamentos o consejerías, detallando las áreas funcionales que le corresponden, los órganos superiores, órganos colegiados y organismos y entidades públicas adscritas, las competencias y funciones de sus órganos, las personas titulares de los mismos, el número de personas adscritas a cada órgano.

b) Los organismos autónomos y demás entidades públicas vinculadas o dependientes, especificando las funciones y competencias, los recursos que financian sus actividades,  régimen presupuestario y contable, los órganos de dirección y su composición, personas titulares de los mismos, el número de personas adscritas al organismo o entidad.

c) Las unidades administrativas a nivel de servicio, de cada uno de los órganos superiores o directivos, especificando su responsable y las funciones  que tiene atribuidas.

d) Las sociedades mercantiles, fundaciones públicas, consorcios y demás entidades privadas en las que participe mayoritariamente, especificando el objeto social, fin fundacional o funciones de los mismos, capital social, dotación fundacional o participación, los recursos que financiación sus actividades, sus órganos y composición, las personas titulares de los órganos de dirección, el número de personas que prestan servicios en la entidad.

2. Serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias los acuerdos del Gobierno en los que se disponga la creación, modificación, participación o extinción de las sociedades mercantiles, fundaciones públicas y consorcios, así como los Estatutos por los que han de regirse, y sus modificaciones. Asimismo, dichos acuerdos y los Estatutos estarán a disposición de todas las personas en la página web de la entidad.

Artículo 15.- Información relativa al personal de libre nombramiento.

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias mantendrá permanentemente actualizada la información siguiente:

a) Personas que desempeñan altos cargos en los departamentos o consejerías, especificando lo siguiente:

– Identificación y nombramiento.

– Datos biográficos profesionales.

– Funciones.

– Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es miembro.

– Actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la compatibilidad.

b) Personal directivo de los organismos y entidades públicas, así como de las sociedades mercantiles, fundaciones públicas y consorcios integrantes del sector público autonómico, especificando:

– Identificación y nombramiento.

– Datos biográficos profesionales.

– Funciones.

– Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es miembro.

– Actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la compatibilidad.

c) Personal de confianza o asesoramiento especial en cada uno de los departamentos o consejerías y en los organismos públicos o entidades públicas dependientes o vinculadas, así como de los organismos y entidades privadas integrantes del sector público autonómico, especificando su identificación, nombramiento, funciones asignadas, órgano o directivo al que presta sus servicios y, en su caso, régimen del contrato laboral.

2. Asimismo se hará pública la información relativa a las declaraciones anuales de bienes y actividades de los miembros del Gobierno y demás altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos previstos legalmente.

Artículo 16.- Información en materia de empleo en el sector público.

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto de su personal y el de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, mantendrán permanentemente actualizadas y a disposición de todas las personas las relaciones de puestos de trabajo, los catálogos de puestos, las plantillas de personal o instrumentos similares, cualquiera que sea su denominación, especificando los puestos que están ocupados y los vacantes.

2. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto de su personal y el de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, mantendrá permanentemente actualizada la información siguiente:

a) Número de empleados públicos, y su distribución por grupos de clasificación, especificando el tipo relación funcionarial, estatutaria o laboral, así como, en el caso del personal funcionario, los de carrera y los interinos, y para el personal laboral, los fijos, los indefinidos y los temporales.

b) Número de empleados por departamentos o consejerías, organismos, entidades públicas, sociedades mercantiles, fundaciones públicas y consorcios.

c) El número de liberados sindicales existentes en los distintos departamentos la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en sus organismos autónomos y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, identificando con carácter general el sindicato al que en cada caso pertenecen, así como los costes que estas liberaciones generan para la Administración Pública. Asimismo se dará información sobre el número de horas sindicales utilizadas.

3. Los departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como sus organismos autónomos y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, mantendrán permanentemente actualizadas y a disposición de todas las personas en las unidades de información correspondientes, en sus sedes electrónicas o en sus páginas webs, la relación de personas que prestan servicios en los mismos, el puesto de trabajo que desempeñan y el régimen de provisión del mismo.

4. La concesión de autorizaciones de compatibilidad para actividades públicas o privadas del personal al servicio del sector público se hará pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, especificando, además de la identificación personal, el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad.

Artículo 17.- Información en materia de retribuciones.

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,  respecto de su personal y el de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, mantendrá permanentemente actualizada, la información siguiente:

a) Información general de las retribuciones de los altos cargos de la Administración y del personal directivo, articulada en función de la clase o categoría del órgano, así como de los gastos de representación que tienen asignados.

b) Información general de las retribuciones del personal de confianza o asesoramiento especial, articulada en función de la clase y/o categoría.

c) Información general de las retribuciones del personal, funcionario y laboral, articulada en función de los niveles y cargos existentes.

d) Información general sobre las condiciones para el devengo y las cuantías de las indemnizaciones que corresponden por razón del servicio en concepto de viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales.

Artículo 18.-  Información en materia normativa.

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias mantendrá permanentemente actualizada la información siguiente:

A) El programa legislativo del Gobierno, en el que se incluirán los anteproyectos de ley cuya elaboración, tramitación y aprobación están previstos de acuerdo con el programa de gobierno, así como un informe semestral de seguimiento y de las modificaciones que se hayan acordado.

B) Respecto de los anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos:

a) La iniciación de los procedimientos de elaboración de anteproyectos de ley y proyectos reglamentarios, y mantener actualizada la relación de los procedimientos de elaboración normativa que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.

b) Los textos de los anteproyectos de ley y proyectos reglamentarios una vez ultimados y, en todo caso, simultáneamente a la solicitud de los informes preceptivos.

c) La lista de evaluación, memoria o informe justificativo, en el que deben constar los motivos que justifican la aprobación de los anteproyectos de ley y proyectos reglamentarios.

d) Los informes y dictámenes preceptivos de los anteproyectos de ley y proyectos reglamentarios emitidos por las instituciones estatutarias, organismos y órganos de asesoramiento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

e) El resultado de la participación en los anteproyectos de ley y proyectos reglamentarios sujetos a participación pública, o en aquellos casos en que no siendo preceptiva la misma se haya acordado someterlos a información pública.

C) Respecto de las disposiciones autonómicas aprobadas:

a) La creación y actualización permanente de la base de datos de las normas dictadas por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma, incluyendo los textos consolidados con las modificaciones.

b) Los textos de las sentencias que afecten a la vigencia e interpretación de las normas dictadas en la Comunidad Autónoma.

c) La difusión de las directrices, instrucciones y circulares que tengan incidencia en los ciudadanos, así como aquellas directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

Artículo 19.- Información sobre los servicios y procedimientos.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto de sus servicios y procedimientos, así como respecto de los que prestan o se gestionan por los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, mantendrá permanentemente actualizada la información siguiente:

a) Los servicios que presta cada unidad administrativa.

b) Los requisitos y condiciones de acceso a los mismos, incluyendo horario y, en su caso, las tasas, tarifas o precios que se exigen.

c) Las cartas de servicios elaboradas.

d) El catálogo de procedimientos, incluidos los de carácter tributario, con indicación de los disponibles en formato electrónico. En el catálogo se facilitará a las personas la información necesaria sobre los procedimientos que afecten a sus derechos o intereses legítimos, así como la que sea precisa para el inicio de la tramitación electrónica.

e) El procedimiento para la presentación de quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento del servicio.

f) El número de reclamaciones presentadas y el número o proporción de las aceptadas o resueltas a favor de los interesados.

Artículo 20.- Información económico-financiera.

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto de su gestión económico-financiera y la de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, mantendrá permanentemente actualizada, la información siguiente:

A)  Información presupuestaria y contable.

Será objeto de publicación la siguiente información:

a) El límite de gasto no financiero aprobado para el ejercicio.

b) El Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

c) La Cuenta General de la Comunidad Autónoma (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto).

d) La ejecución trimestral de los Presupuestos.

e) Los créditos extraordinarios, suplementos y ampliaciones de créditos, relativos a los Presupuestos.

f) Los presupuestos de los entes y organismos del sector público estimativo  (entidades públicas empresariales, agencias, sociedades mercantiles,  fundaciones públicas, y demás entidades).

g) Las cuentas anuales de las entidades del sector público estimativo.

h) Los Informes de Fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias de la Comunidad Autónoma y de las entidades del sector público autonómico.

i) Los planes económico-financieros aprobados para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto.

j) Los planes de reequilibrio aprobados para los supuestos de déficit estructural.

k) Los planes de ajuste aprobados por medidas de apoyo a la liquidez.

l) los informes de seguimiento de los planes relacionados en las letras i), j) y k) anteriores.

B) Transparencia en los ingresos y gastos:

Será objeto de publicación:

a) La información básica sobre la financiación de la Comunidad Autónoma: tributos propios, tributos cedidos, tributos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, Fondo de Garantía de servicios públicos fundamentales, Fondo de suficiencia global de convergencia.

b) La proporción que representa el Déficit/superávit público de la Comunidad Autónoma sobre el PIB regional.

c) Los ingresos fiscales por habitante: Capítulos I, II y III de Ingresos/Número de habitantes.

d) El gasto por habitante en la Comunidad Autónoma.

e) La inversión realizada por habitante en la Comunidad Autónoma.

f) Los gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total.

g) El gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles.

h) Los gastos realizados en campañas de publicidad o comunicación institucional, los contratos celebrados incluyendo la información a que se refiere el artículo 24 de esta ley, así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias.

i)          El gasto realizado en concepto de patrocinio.

j) El gasto total efectuado en concepto de ayudas o subvenciones para actividades económicas.

k) Gastos en las distintas políticas y su porcentaje sobre el gasto total.

C) Transparencia en el endeudamiento de la Comunidad Autónoma:

Se hará público y mantendrá actualizado:

a) El importe de la Deuda pública actual de la Comunidad Autónoma y su evolución a lo largo de los cinco ejercicios anteriores, recogiendo el endeudamiento público por habitante y en endeudamiento relativo (Deuda de la Comunidad Autónoma/Presupuesto total de la Comunidad Autónoma).

b) Las operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública en todas sus modalidades realizadas por las entidades del sector público autonómico.

c) Los avales y garantías prestadas  en cualquiera clase de crédito por las entidades del sector público autonómico.

d) Las operaciones de arrendamiento financiero por las entidades del sector público autonómico.

Artículo 21.- Información del patrimonio.

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, mantendrá permanentemente actualizada la información siguiente:

a) La relación de bienes demaniales de uso o servicio público de acceso público.

b) La relación de bienes inmuebles de que sean titulares, especificando si están ocupados o no por las dependencias de sus órganos o servicios, así como los cedidos a terceros por cualquier título y, en su caso, la persona o entidad beneficiaria y el destino de la cesión.

c) La relación de bienes inmuebles arrendados y el destino de uso o servicio público de los mismos.

d) La relación de vehículos oficiales de los que sean titulares y los arrendados.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona tendrá acceso al Inventario de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma, preferentemente por vía electrónica.

3. En relación a los negocios jurídicos que tengan por objeto bienes inmuebles y derechos patrimoniales de las Administraciones Públicas, se harán pública la información relativa a los objetivos o finalidades de las operaciones, el procedimiento desarrollado al efecto, la identidad de los participantes en el procedimiento, las ofertas presentadas, el importe o beneficio finalmente alcanzado y la identidad de los adjudicatarios finales.

Artículo 22.- Información de la planificación y programación.

1.          La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias publicará los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración.

2. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias hará pública y mantendrá permanentemente actualizada la información siguiente:

a) Los proyectos de planes y programas anuales y plurianuales, generales o sectoriales, departamentales o interdepartamentales, cuya tramitación se haya iniciado.

b) Los planes y programas anuales y plurianuales, generales o sectoriales, departamentales o interdepartamentales, aprobados, con indicación para cada uno de ellos de los objetivos estratégicos perseguidos, las actividades y medios necesarios para alcanzarlos, una estimación temporal para su consecución, la identificación de los órganos responsables de su ejecución, así como los indicadores que permitirán su seguimiento y evaluación.

c) El grado de cumplimiento de los planes y programas  y, en su caso, de las modificaciones introducidas o que pretenden introducirse respecto de lo planificado.

d) La evaluación de los resultados de los planes y programas.

Artículo 23.- Información de las obras públicas.

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias hará pública y mantendrá actualizada hasta la puesta al uso o servicio público la información de las obras públicas que estén en fase de ejecución financiadas, total o parcialmente, por sus órganos y por los organismos y entidades dependientes de la misma.

2. Para cada una de las obras públicas a que se refiere el apartado anterior en fase de adjudicación deberá hacerse pública y mantenerse actualizada, la siguiente información:

a) Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación.

b) Número de empresas que han concurrido a la licitación.

c) Empresa  o empresas adjudicatarias.

3. Para cada una de las obras públicas a que se refiere el apartado anterior en fase de ejecución deberá hacerse pública y mantenerse actualizada, la siguiente información:

a) Denominación y descripción de la obra.

b) Importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las revisiones posteriores.

c) Administraciones, organismos o entidades que la financian, incluyendo el importe que les corresponde.

d) Persona o entidad adjudicataria de la ejecución material.

e) Fecha de inicio y conclusión, así como, en su caso, las prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución que se hayan concedido.

f) Penalizaciones impuestas por incumplimientos del contratista.

g) Administración titular de la obra ejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior de la misma.

Artículo 24.- Información de los contratos.

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en  cuanto a la actividad contractual de sus órganos de contratación y de los de los organismos y entidades vinculadas o dependientes, publicarán y actualizarán la información siguiente:

a) La información general de las entidades y órganos de contratación, como dirección de contacto, números de teléfono y fax, dirección postal y cuenta de correo electrónico.

b) La información sobre los contratos programados, los contratos adjudicados, las licitaciones anuladas y cualquier otra que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación.

c) La información sobre las licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de las condiciones de ejecución del contrato y, en su caso, la restante documentación complementaria.

d) La composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación.

e) La información sobre preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos.

2. Asimismo, respecto de los contratos formalizados, y sin perjuicio de la información que deba hacerse pública en el perfil del contratante  y de la que ha de inscribirse en el Registro de Contratos del Sector Público, deberá publicar y mantener actualizada la información siguiente:

a) Los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios.

b) El número de contratos menores formalizados, especificando el importe global de los mismos y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los contratos formalizados.

c) Las penalidades impuestas, en su caso, por incumplimiento de los contratistas.

d) La relación de los contratos resueltos.

3. La publicación de la información a que se refiere el apartado anterior, previa justificación en el expediente, no se llevará a cabo respecto de los contratos declarados secretos o reservados cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente.

Artículo 25.- Información de los convenios y encomiendas de gestión.

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias hará pública y mantendrá actualizada la relación de convenios celebrados por sus órganos y por los organismos y entidades dependientes de la misma con otras Administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, incluyendo:

a) Las partes firmantes.

b) El objeto, con indicación de las actuaciones o actividades comprometidas y los órganos o unidades encargados de la ejecución de las mismas

c) Financiación, con indicación de las cantidades que corresponden a cada una de las partes firmantes.

d) El plazo y condiciones de vigencia.

e) El objeto y la fecha de las distintas modificaciones realizadas durante su vigencia.

f) El Boletín Oficial en que fue publicado y el Registro en el que está inscrito.

2. Los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras Administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma.

Asimismo, todos los convenios que se suscriban deberán ser objeto de inscripción en los registros de convenios, en la que se incluirá la copia del mismo. Asimismo, serán objeto de inscripción las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos. El acceso a los registros de convenios será público, debiendo garantizar y facilitar que puedan consultarse gratuitamente, tanto de forma presencial como telemática.

3. Asimismo se hará pública y mantendrá actualizada la relación de encomiendas de gestión efectuadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, incluyendo:

a) La entidad a la que se realiza la encomienda.

b) El objeto y el presupuesto de la encomienda.

c) Las tarifas o precios fijados.

d) Las subcontrataciones efectuadas en su caso, con indicación del procedimiento seguido para ello, la persona o entidad adjudicataria y el importe de la adjudicación.

Artículo 26.- Información sobre concesión de servicios públicos.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 23, mantendrá permanentemente actualizada la información sobre los servicios públicos concedidos por la misma y por los organismos públicos y entidades públicas vinculadas o dependientes, incluyendo:

a) El servicio público objeto de la concesión administrativa.

b) La identificación del concesionario.

c) El plazo de la concesión, régimen de financiación y condiciones de prestación del servicio.

Artículo 27.- Información de las ayudas y subvenciones.

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto de las ayudas y subvenciones de sus órganos y de los órganos de los organismos y entidades vinculadas o dependientes, hará pública y mantendrá actualizada la información de las ayudas y subvenciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siguiente:

a) Los planes estratégicos de ayudas y subvenciones aprobados. Asimismo, dichos planes deberán ser publicados en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación.

b) La relación de las líneas de ayudas o subvenciones que tenga previsto convocar durante el ejercicio presupuestario, con indicación de los importes que se destinen, el objetivo o la finalidad y la descripción de los posibles beneficiarios.

c) La relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo largo de cada ejercicio, indicando su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Además, la relación de subvenciones concedidas sin promover la concurrencia, especificando la persona o entidad beneficiaria, el importe y el destino de la misma, se publicará trimestralmente en el Boletín Oficial de Canarias, dentro del mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural.

2. La publicación de las ayudas y subvenciones concedidas prevista en el apartado anterior no se realizará cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Artículo 28.- Información en materia de ordenación del territorio.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias viene obligada a hacer pública y mantener actualizada la información siguiente:

a) Deberá mantener una base de datos actualizada y accesible al público, que contenga de forma unitaria todos los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias que se encuentren vigentes, al objeto de permitir la consulta de su documento íntegro y sus correspondientes modificaciones y revisiones, incluyendo las resoluciones judiciales firmes que afecten a la vigencia de cualquiera de sus determinaciones.

A tal efecto, las entidades locales que aprueben definitivamente un instrumento de ordenación integrado en el sistema de planeamiento de Canarias, deberán remitir a la citada Consejería el documento aprobado, diligenciado y en formato digital. Dicha remisión deberá realizarse de forma simultánea a la de la normativa del instrumento para su publicación en el correspondiente diario oficial.

b) Deberá, asimismo, garantizar el acceso público a toda la información geográfica disponible del Sistema de Información Territorial de Canarias a través de la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDE Canarias), o de cualquier otra infraestructura de información geográfica de Canarias que permita el libre acceso a los datos y servicios geográficos y su interoperabilidad.

Reglamentariamente se precisarán el alcance y contenido de la información a suministrar por esta vía, los efectos jurídicos de su difusión y las obligaciones de actualización de la misma.

2. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto de los instrumentos de ordenación cuya formulación y aprobación sea de su competencia, deberá además hacer público a través de la página web correspondiente, el contenido íntegro del expediente, en la forma que se determine en la normativa vigente en materia de ordenación del territorio.

En todo caso, la documentación facilitada a través de dicha página web deberá incluir los convenios urbanísticos con trascendencia sobre el expediente, los informes sectoriales emitidos por otros órganos y entidades, las alegaciones formuladas y la contestación a las mismas, y los informes técnicos y jurídicos emitidos por el órgano tramitador del instrumento. 

Artículo 29.- Información en materia de medio ambiente 

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de sus competencias, viene obligada a hacer pública y mantener actualizada la información ambiental en las siguientes materias:

a) Contaminación de suelos.

b) Calidad de las aguas y vertidos desde tierra al mar.

c) Calidad del aire.

d) Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

e) Prevención y control integrados de la contaminación.

f) Ruido.

g) Evaluación de impacto ambiental de proyectos y Evaluación ambiental estratégica de planes y programas.

h) Red Natura 2000, hábitats y espacios protegidos, y otras figuras de protección del derecho internacional.

i) Flora y fauna.

j) Residuos.

k) Cambio climático 

Artículo 30.- Información estadística.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias viene obligada a hacer pública y mantener actualizada la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, así como toda la información estadística de interés de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sección 3ª.- Portal de Transparencia 

Artículo 31.- Portal de transparencia.

1. Para facilitar el acceso a la información pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los organismos autónomos, entidades empresariales, agencias, consorcios y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de dicha Administración Pública, así como a las fundaciones pública y sociedades mercantiles en las que sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las citadas entidades, contemplada en el presente título de esta ley, se crea el Portal de Transparencia.

2. El Portal de Transparencia incluirá la información a la que se refieren los artículos anteriores, así como, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

3. La información incluida en el Portal de Transparencia se recogerá de acuerdo con las prescripciones técnicas que se determinen reglamentariamente, que deberán adecuarse progresivamente a los principios de accesibilidad, interoperatividad y reutilización.

TÍTULO III

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 32.- Titulares del derecho de acceso.

Todas las personas, tanto a título individual y en su propio nombre, como en nombre y representación de organizaciones legalmente constituidas, tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 33.- Información pública.

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de cualquiera de las entidades sujetas a esta ley, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 34.- Órgano competente.

1. En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, es competente para resolver las solicitudes de acceso la Secretaría General Técnica u órgano equivalente de los departamentos. En el caso de las entidades públicas vinculadas o  dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, será competente el órgano que determinen sus normas de organización, y, en su defecto, el órgano que tenga atribuida la gestión ordinaria de la entidad.

2. Cuando la solicitud de acceso se refiera a información elaborada o en poder de fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios en las que sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las entidades citadas en el apartado anterior, será competente la Secretaría General Técnica del departamento al que estén adscritas.

3. En el caso de que se solicite información de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, será competente la Secretaría General Técnica u órgano equivalente de los departamentos, o el órgano que corresponda de las Entidades públicas de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de este artículo, atendiendo a quien tiene atribuidas las competencias del servicio o de la materia.

Artículo 35.- Límites al derecho de acceso.

1. El derecho de acceso está sujeto a los límites establecidos en la legislación básica del Estado, pudiendo ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

a) La seguridad nacional.

b) La defensa.

c) Las relaciones exteriores.

d) La seguridad pública.

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

h) Los intereses económicos y comerciales.

i) La política económica y monetaria.

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

l) La protección del medio ambiente.

2. La aplicación de los límites a que se refiere el apartado anterior será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

Artículo 36.- Protección de datos personales.

1. Las solicitudes de acceso a información que contenga datos personales especialmente protegidos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la legislación básica reguladora del derecho de acceso a la información pública.

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Para la realización de la citada ponderación, el órgano tomará particularmente en consideración los criterios establecidos en el artículo  15.3 de la Ley 18/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los criterios de aplicación que puedan adoptarse conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta de la misma ley.

4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.

5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

Artículo 37.- Acceso parcial.

1. En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo anterior no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.

2. El solicitante será advertido del carácter parcial del acceso y, siempre que no se ponga en riesgo la garantía de la reserva, se hará notar la parte de la información que ha sido omitida.

Capítulo II

Procedimiento

Artículo 38.- Iniciación del procedimiento.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud dirigida al órgano administrativo o entidad que posea la información.

2. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá al órgano administrativo,  organismo o entidad a las que se encuentren vinculadas.

Artículo 39.- Solicitud.

1. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:

a) La identidad del solicitante.

b) La información que se solicita, sin que sea requisito identificar un documento o expediente concreto.

c) La dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de las comunicaciones a propósito de la solicitud.

d) En su caso, la modalidad preferida de acceso a la información solicitada.

2. Cuando la solicitud se formule de forma oral, sea por comparecencia ante las unidades responsables o en las oficinas de información o mediante comunicación telefónica, la misma será recogida en formato electrónico haciendo constar los extremos señalados en el apartado anterior.

3. Las unidades responsables de la información, así como el  órgano o entidad en el que se presente o al que se dirija la solicitud, cualquiera que sea el medio utilizado para realizarla, ofrecerá la asistencia que sea necesaria para facilitar el ejercicio del derecho de acceso, teniendo en cuenta las necesidades especiales de algunos colectivos.

4. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud motivación ni excusará al órgano competente de resolver conforme a los criterios establecidos en esta Ley.

Artículo 40.- Solicitudes imprecisas.

1. Cuando una solicitud esté formulada de manera que no pueda razonablemente deducirse la información a que se refiere, se pedirá al solicitante que la concrete, dándole para ello un plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.

2. El desistimiento y el archivo de la solicitud se acordará mediante resolución del órgano al que se haya dirigido la solicitud, y en ningún caso impedirá la presentación de una nueva solicitud en la que concrete la información demandada.

Artículo 41.- Inadmisión de solicitudes.

1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.

f) Que afecten a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse con el acceso a la petición, en número tal que no sea posible darles traslado de la solicitud en el tiempo establecido para su resolución.

2. A los efectos previstos en la letra e) del apartado anterior, se considerará que tiene carácter abusivo la presentación masiva de solicitudes de información, por una persona o varias actuando concertadamente, con el efecto de alterar la eficacia del funcionamiento del servicio público.

3. La resolución que inadmita la solicitud podrá impugnarse de acuerdo con lo previsto en esta ley.

Artículo 42.- Remisión de la solicitud al órgano competente.

1. Cuando la solicitud se refiere a información que no obre en poder del órgano a la que se dirige, éste la remitirá, en un plazo no superior a 5 días, al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.

2. Cuando el órgano al que se dirija la solicitud desconozca el que sea competente para resolver sobre el acceso a la documentación solicitada, en la resolución de inadmisión que dicte deberá indicar el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.

3. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a este para que decida sobre el acceso, informando de esta circunstancia al solicitante.

Artículo 43.- Audiencia de terceras personas.

1. Cuando la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.

2. Simultáneamente a la concesión de la audiencia, el solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

Artículo 44.- Plazo de resolución y sentido del silencio.

1. Las resoluciones sobre las solicitudes de acceso se adoptarán y notificarán en el plazo máximo de un mes desde su recepción por el órgano competente para resolver.  Cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por otro mes, informando de esta circunstancia al solicitante.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

2. Las resoluciones por las que se inadmita a trámite las solicitudes por las causas previstas en las letra a), b), c) y d) del artículo 40 se adoptarán y notificarán lo antes posible, y en todo caso, en el plazo máximo de 10 días hábiles desde su recepción por el órgano competente para resolver.

3. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud de acceso se entenderá desestimada.

4. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Artículo 45.- Resolución.

1. La resolución que se adopte podrá inadmitir la solicitud, conceder o denegar el acceso total o parcial y, en su caso, fijar la modalidad de acceso a la información solicitada.

2. Serán motivadas, en todo caso, las resoluciones siguientes:

a) Las que inadmitan a trámite las solicitudes.

b) Las que denieguen el acceso.

c) Las que concedan el acceso parcial

d) Las que concedan el acceso a través de una modalidad distinta a la solicitada

e) Las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero afectado.

2. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información suponga incurrir en alguna de las limitaciones al derecho de acceso, se pondrá de manifiesto que concurre esta circunstancia para desestimar la solicitud.

3. Si la resolución estimara, en todo o en parte, la solicitud, indicará la modalidad de acceso y, si procede, el plazo y las condiciones del mismo, garantizando la efectividad del derecho y la integridad de la información suministrada. La puesta a disposición de la información solicitada se entenderá equivalente a la resolución estimatoria.

4. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante como puede acceder a ella.

5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública ponen fin a la vía administrativa y son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el Capítulo III del presente Título.

7. La resolución debe notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado. Indicará los recursos y reclamaciones que procedan contra la misma, el órgano administrativo o judicial ante el que deban interponerse y el plazo para su interposición.

Artículo 46.- Acceso a la información.

1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.

2. La información se proporcionará en la modalidad solicitada, a menos que no sea posible o resulte excesivamente gravosa para el sujeto obligado y exista una alternativa más económica y fácilmente accesible para el solicitante.

3. La consulta directa de las fuentes de información, así como el acceso al lugar donde la información está depositada, podrán denegarse cuando las condiciones de seguridad del lugar y de custodia y preservación de los documentos o de los soportes originales de la información, no lo permitan.

4. Cuando la resolución conceda el acceso total o parcial a una información que afecte a un tercero que se haya opuesto, el acceso solo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.

Artículo 47.- Obtención de copias.

El reconocimiento del derecho de acceso conllevará el de obtener copias de los documentos solicitados, salvo en los supuestos en los que no sea posible realizar la copia en un formato determinado debido a la carencia de equipos apropiados o cuando, por su cantidad o complejidad, conlleve un coste desproporcionado para la Administración, o pueda vulnerar derechos de propiedad intelectual.

Artículo 48.- Costes de acceso a la información.

El acceso a la información será gratuito. No obstante, la obtención de copias y la transposición a formatos diferentes del original estarán sujetas al pago de las tasas establecidas de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de las tasas de la Comunidad Autónoma o de las entidades locales.

Capítulo III

Régimen de impugnación

 Sección 1ª.- Disposición general

  Artículo 49.- Medios de impugnación.

1. Contra la resolución, expresa o presunta, de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

De acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal, dicha reclamación tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en las letras a), b) y c)  del artículo 2.2  sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.

Sección 2ª.- Reclamación ante el Comisionado de Transparencia

y Derecho de Acceso a la Información Pública

 Artículo 50.- Objeto de la reclamación.

La reclamación podrá presentarse contra las resoluciones, expresas o presuntas, de las solicitudes de acceso que se dicten en el ámbito de aplicación de esta Ley, con carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa.

Artículo 51.- Forma, plazo y presentación de la reclamación potestativa.

1. La reclamación podrá interponerse mediante escrito dirigido al mismo órgano que dictó la resolución frente a la que se reclama o al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2. El escrito de interposición, dirigido al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberá contener:

– Identificación de la persona interesada

– La indicación de la resolución expresa contra la que se reclama, o de la solicitud que ha sido denegada por silencio administrativo.

– Los motivos por los que se reclama.

– La dirección de contacto a la cual puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la reclamación.

3. La reclamación podrá presentarse en el registro del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en cualquiera de los lugares previstos para la presentación de escritos dirigidos a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 52.- Tramitación de la reclamación.

1. La tramitación de la reclamación se ajustará a la establecida para los recursos administrativos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  Administrativo Común, y a lo establecido en esta Ley.

2. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.

Artículo 53.- Plazo de resolución y sentido del silencio.

             La resolución de la reclamación deberá adoptarse y notificarse en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada de la misma en el registro del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Transcurrido dicho plazo la reclamación se entenderá desestimada.

Artículo 54.- Contenido y efectos de la resolución.

1. La resolución que se adopte por el Comisionado de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública será en todo caso motivada, y podrá estimar o desestimar, en su totalidad o en parte, la reclamación presentada.

2. Cuando estime la reclamación, la resolución establecerá la información o documentación a la que puede acceder la persona interesada, la modalidad de acceso y, en su caso, el plazo y las condiciones del mismo.

Artículo 55.- Publicación.

Las resoluciones de las reclamaciones adoptadas por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.

  TÍTULO IV

COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 Artículo 56.- Atribución al Diputado del Común.

1. El Diputado del Común de Canarias desempeña las funciones de Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiéndole el fomento, análisis y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de las demás funciones que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Canarias y su Ley reguladora.

2. En el ejercicio de las funciones de transparencia y acceso a la información pública que le atribuye la presente ley y el resto del ordenamiento jurídico el Diputado del Común goza de la independencia, autonomía e inamovilidad que le reconoce su ley reguladora.

Artículo 57.- Organización y funcionamiento.

1. La organización y funcionamiento del Diputado del Común, como Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se regirá por el reglamento aprobado por la Mesa del Parlamento, a propuesta del mismo. Dicho reglamento deberá publicarse en el  Boletín Oficial del Parlamento de Canarias y en el Boletín Oficial de Canarias.

2. Para el ejercicio de las funciones de transparencia y acceso a la información pública contará con una unidad de apoyo administrativo para el ejercicio de sus funciones, así como con los medios personales y materiales que sean necesarios de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

Artículo 58.- Funciones del Diputado del Común como Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

1. El Diputado del Común, como Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ejercerá las siguientes funciones:

a) La resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley.

b) La formulación de recomendaciones de cumplimiento e interpretación uniformes de las obligaciones establecidas en esta Ley relativas al derecho de acceso y la transparencia.

c) El asesoramiento en materia de acceso a la información pública y de transparencia.

d) La evaluación del grado de aplicación y cumplimiento de esta Ley.

e) Las demás que se le atribuyan en esta ley y en el ordenamiento jurídico.

Artículo 59.- Colaboración con el Diputado del Común.

Las Administraciones y demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán facilitarle al Diputado del Común, en sus funciones de Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que les solicite y prestarle la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones. Específicamente, deberán mantener actualizada y disponible información detallada sobre el grado de aplicación de la Ley en sus respectivos ámbitos competenciales.

Artículo 60.- Informes del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

1. El Diputado del Común, como Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborará anualmente un Informe sobre el grado de aplicación y cumplimiento de esta Ley, en el que deberá recoger:

a) Las denegaciones de solicitudes de acceso a la información acordadas por las entidades y organismos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y los motivos en que se han fundado.

b) Las reclamaciones presentadas contra las denegaciones de solicitudes de acceso a la información, expresando su número, los motivos de la reclamación y los acuerdos adoptados en las mismas por el Comisionado.

c) Las recomendaciones emitidas relativas al cumplimiento e interpretación de la Ley del derecho de acceso a la información pública y de transparencia administrativa.

d) La actividad de asesoramiento realizada en materia de acceso a la información pública y de transparencia administrativa.

e) La evaluación del grado de aplicación y cumplimiento de esta Ley.

f) Los demás datos, hechos o consideraciones que estime pertinentes la Comisión, y específicamente,  la designación de los órganos y autoridades que no han dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley.

2. El informe anual se presentará al Parlamento dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente al que se refiera y se hará público en el Portal de Transparencia.

3. Sin perjuicio de lo anterior, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública dará cuenta semestralmente al Parlamento de Canarias de las resoluciones adoptadas en las reclamaciones presentadas y de su cumplimiento por los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.

Disposición adicional primera.- Regulaciones especiales del derecho de acceso.

1. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.

2. En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización.

Disposición adicional segunda.- Tramitación telemática del derecho de acceso a la información pública.

La Administración Pública incluirá entre sus procedimientos telemáticos los relativos a la resolución de solicitudes de información pública.

Disposición adicional tercera.Plan de Formación del personal del sector público.

El Instituto Canario de Administración Pública pondrá en marcha un plan de formación en materia de transparencia administrativa y ejecutará acciones de formación específicas tendentes a sensibilizar al personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma en el respecto de los derechos y obligaciones establecidos en la presente Ley.

Disposición adicional cuarta.Transparencia y acceso a la información del Parlamento de Canarias.

El Parlamento de Canarias establecerá en su Reglamento las disposiciones que sean necesarias para la aplicación de la presente Ley en el ámbito de su organización, competencias  y funcionamiento.

Disposición adicional quinta.Adaptación de la normativa aplicable a las entidades insulares y municipales.

El Gobierno de Canarias propondrá al Parlamento de Canarias las iniciativas legislativas que sean precisas en las normas de aplicación a los Cabildos Insulares y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para su adaptación a los principios y presiones contenidas en esta ley respecto de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

Disposición derogatoria única.- Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposición final primera.- Modificación Ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se añade un apartado 5 al artículo 9 de la Ley 3/1997, de 8 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el contenido siguiente:

5. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los altos cargos previstos en el artículo 2 de esta ley se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias, en los términos previstos reglamentariamente. En relación con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.”

Disposición final segunda.- Habilitación para el desarrollo.

Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley.

Disposición final tercera.- Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los ______ de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Hierro
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