¿Deben espiarnos los gobiernos?


Con Edward Snowden todavía en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, los ciudadanos, alimentados por un decadente ‘cuarto poder‘, se revuelven señalando a Internet como el peor de los males, como ya hicieran nuestros antepasados con la imprenta, siempre movidos por los intereses, eso sí, de tan solo unos pocos.

Respondiendo a la pregunta que titula este post, la respuesta es un alto y rotundo NO. Sin embargo, seamos honestos y no nos llevemos las manos a la cabeza por algo que pasa desde que se tiene constancia de las primeras acciones de espionaje, siglos antes del año cero que rige nuestro calendario. Siempre se ha espiado, con independencia del medio, lo que no es sinónimo de mi aceptación, aunque sí que tengo mostrar mi absoluto rechazo y desprecio a la demonización del soporte, muy similar en su fondo a lo que los sufridos periodistas han llamado ‘matar al mensajero’.

La ley está para cumplirla, y los gobiernos, en su papel ejecutivo, deben ejemplarizar lo resuelto por el legislativo, de lo contrario, deberían vérselas con el poder judicial. Así debería funcionar un estado de derecho. Insisto, debería. Por lo tanto, quien no cumpla con la ley que pague por ello. Antes de llegar a este extremo, recomendaría a los responsables de legislar que se adapten a los tiempos, se asesoren, miren a su alrededor, sean valientes y, por último, cambien las leyes a un entorno digital, móvil y social que nada tiene que ver con el que había hace tan solo cinco años, pero que mucho menos tendrá que ver con el que nos acogerá dentro de otros cinco. Mientras tanto, y con pocas esperanzas de despertar la sensibilidad tecnológica de quienes nos gobiernan, aquellos que trabajamos en hábitats TIC seguiremos adaptándonos a la legislación obsoleta vigente que, como la LOPD, constriñe las opciones de crecimiento de España.

Volviendo al caso que nos ocupa, y siendo escrupulosos con la ley, es curioso como intecionadamente llaman espionaje a lo que no lo es, tan solo por el hecho de tratarse de información extraída de Internet, un espacio abierto, libre del que legalmente se puede -y se debe- sacar el máximo provecho. Twitter, Facebook o cualquier otra plataforma social pueden utilizarse en abierto o en cerrado, en nuestra mano está la decisión. Si lo hacemos en abierto, como la práctica totalidad de los usuarios del microblogging o una franca minoría en la reina de los espacios sociales, sabemos que estamos cediendo nuestros datos a terceros, e incluso conocemos que otros pueden explotarlos, como evidentemente hacen, incluyendo los gobiernos, aunque muchos no lo digan, cometiendo así el primer error: ocultarlo.

La escucha activa, término ahora popularizado pero que acuñó por primera vez mi buen amigo César Calderón, es una actividad que llevan haciendo desde hace años muchos gobiernos municipales, provinciales, autonómicos y, por supuesto, nacionales. Escuchar lo que se dice en la red no es espiar, aunque la ignorancia digital de unos pocos, y el miedo a perder el poder de los de siempre, nos traten de convencer de lo contrario. Es más, en mi opinión, entender lo que se comenta en la redes sociales, aislar tendencias y analizar las preocupaciones, alegrías, tristezas o reivindicaciones de la población, debe ser una obligación para los que nos gobiernan. Sin embargo, este proceso de observación no valdrá para nada si no se traslada a la acción de gobierno lo que se reivindica en movimiento mayoritario, que, sin entrar en la exactitud de la métrica, es algo que se se viene haciendo desde hace mucho tiempo a modo de encuestas.

Mi decepción con Obama -hasta ahora ejemplo e impulsor del Gobierno Abierto en el mundo- comienza cuando utiliza la escucha activa sin hacerlo de forma legal y transparente, ocultándolo, sin informar de las intenciones a la ciudadanía, evitando compartir los datos con todos ellos y desaprovechando la generación de riqueza que puede suponer su explotación. Una vez más, los ciudadanos al servicio del estado, al contrario de lo que debería ser habitual, sin que hubiera sido necesario cruzar el charco para constatarlo, ni tan siquiera pasar de los Pirineos, ya que son muchos los gobiernos en España -incluído el central- los que, sin decirlo, escrutan a diario la globosfera para el autoconsumo, eso sí, con dinero público.

Por tanto, los gobiernos deben utilizar el potencial de Internet para conocer las necesidades de aquellos que les han votado. Estan obligados a escuchar a la ciudadanía en redes sociales y demás espacios digitales, así como a trasladar las tendencias detectadas a su acción de gobierno, de una forma legal, transparente, abierta y compartida, estableciendo una comunicación bidireccional con la ciudadanía en forma de acción o de conversación, y utilizando formatos reutilizables, para que todo el que lo desee puede sacar el máximo provecho de ese ‘Big Data‘ social y público. Es lo que se denomina ‘Open Social Data‘.

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