Ley de Transparencia y Artículo 20 de la Constitución


Sin la más mínima intención de crítica, y con el objetivo máximo de unir fuerzas, voy a exponer en las próximas líneas la importancia de asociar el derecho de acceso a la información al artículo 20 de Constitución -derecho fundamental- en lugar de estarlo al 105 b de la Carta Magna, tal y como recoge el actual Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de Julio de 2012, ya en el Congreso y que ha visto ampliado su plazo de enmiendas hasta el 2 de octubre. Por lo tanto, estamos a tiempo.

Siendo uno de los artífices, e impulsor, de la Primera Ley de Transparencia y Gobierno Abierto de España -privilegio de mi ya antiguo cargo de Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Navarra- considero que es imprescindible contar con el clamor de expertos, juristas y ciudadanos, que exigen la vinculación de esta Ley al articulado fundamental de nuestra Constitución, y así, además de involucrar necesariamente al Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Cabildos y todos los organismos dependientes de la administración pública, cumpliría con los parámetros europeos de Transparencia, que reconoce el acceso a la información pública como un derecho fundamental, como es el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ejemplos extraordinariamente recogidos en la propuesta que la coalición ProAcceso ha desarrollado para mejorar la Ley de Transparencia.

A día de hoy, las nuevas tecnologías nos permiten escrutar y participar en las decisiones de quienes nos gobiernan, de aquellos que legislan, ejercen de jueces y, en definitiva, de todo aquel que se mueve en el ámbito público. Si no disponemos de suficiente información, difícilmente tendremos criterio, y lo que es peor, los ciudadanos no podremos participar de aquello que, a buen seguro, conocemos en mayor profundidad que esas personas que finalmente deben decidir

La mejor de las democracias necesita que el acceso a la información y la transparencia sean fundamentales, sobre cualquier actividad pública y sobre aquellas actividades privadas que pudieran tener un impacto social relevante. Por tanto, es imprescindible conectar definitivamente la inminente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno al artículo 20 de la Constitución, y así se lo pido a los grupos parlamentarios del Congreso, que tienen la oportunidad de convertir, antes del 2 de octubre, lo que puede ser ‘papel mojado’ en un primer gran paso hacia la transparencia en España.

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